PROVINCIAL

PABLO GRASSO ABRIO UN PLAZO FIJO CON FONDOS DE NACION Y DESAPARECIERON LOS INTERESES.

Mas sobre las andadas de Pablo Grasso cuando estaba al frente del IDUV quedaron evidenciadas en las denuncias penales realizadas por la Vocal del Tribunal de Cuentas.

Uno de estos actos irregulares surge de las observaciones  realizadas a la creación de un plazo fijo en cuenta corriente  del IDUV en el  Banco  Nación a la que la nación transfiere fondos para la ejecución de obras. 

«No se informa sobre el destino de los intereses y su correspondiente registración, dado que no respalda con ninguna documentación  lo indicado en su descargo, ni tampoco hace referencia  sobre el estado de las obras origen de  los  fondos  para  constitución  de plazos  fijos,  información  que  había  sido requerida mediante el primer informe», consigna la denuncia. 

Tribunal de Cuentas.Denuncia contra el IDUV durante la gestión de Pablo Grasso: Las irregularidades en la construcción del CAP N°1.
La vocal del Tribunal de Cuentas, dra. Yanina Gribaudo, realizó dos denuncias penales contra el IDUV por irregularidades en el período 2014-2018, que abarca en parte la gestión de Pablo Grasso en el organismo. Una de las denuncias es en el fuero Federal, por la existencia de facturas apócrifas en las obras del Hospital Samic de El Calafate por un monto de $116 millones.

En la otra presentación ante la justicia provincial, pide que se investigue irregularidades en obras en edificios públicos, y en actos administrativos concernientes a la contratación de personal y pagos indebidos o sin documentar. En este informe, las irregularidades detectadas en la obra del Centro de Salud N°1.

La vocal por del Tribunal de Cuentas, en el área de Administración Central y Cuentas Especiales, dra Yanina Gribaudo, presentó sendas denuncias en el fuero federal y el provincial, contra los responsables del IDUV entre 2014 y 2018 por diversos actos irregulares en obras a cargo del ente, y la contratación de personal monotributista como asimismo, la realización de pagos indebidos o sin documentar.

Una de las denuncias es en el fuero Federal, por la existencia de facturas apócrifas en las obras del Hospital Samic de El Calafate por un monto de $116 millones.

La otra presentación de la dra Gribaudio fue ante el juzgado de Instrucción N°1 a cargo de la dra Marcela Quintana, y tiene que ver con irregularidades en obras en hospitales, viviendas, pavimento, canchas de fútbol y otros edificios públicos.

Cabe consignar que los hechos denunciados fueron constatados por el Tribunal de Cuentas, aunque los vocales del Ejecutivo no avalaron que el trámite pase a la órbita judicial, como propuso la vocal Gribaudo.

Los hechos denunciados

El Tribunal de Cuentas puso bajo la lupa la contratación de personal para áreas inexistentes en el organismo, como Protocolo y Prensa, el pago de viáticos, combustible y publicidad. Los hechos fueron constatados a través de auditorías de Entes Descentralizados y tratados en acuerdos del organismo de contralor.

Sin el acompañamiento de los vocales del oficialismo, la contadora Gribaudo decidió presentarse ante la justicia para denunciar los hechos, pedir que se investigue y se juzgue a los responsables.

Plazo fijo

Uno de estos actos irregulares surge de las observaciones realizadas a la creación de un plazo fijo en cuenta corriente del IDUV en el Banco Nación a la que la nación transfiere fondos para la ejecución de obras.

«No se informa sobre el destino de los intereses y su correspondiente registración, dado que no respalda con ninguna documentación lo indicado en su descargo, ni tampoco hace referencia sobre el estado de las obras origen de los fondos para constitución de plazos fijos, información que había sido requerida mediante el primer informe», consigna la denuncia.

Deuda a la AFIP

En febrero de 2018 la AFIP comunica al IDUV la falta de pago del impuesto a las ganancias de diciembre 2017 por una suma superior a medio millón de pesos. En abril el Iduv abona con intereses el monto reclamado, y en su respuesta al Tribunal de Cuentas, el responsable del área contable del IDUV aduce que el incumplimiento se debió al cúmulo de tareas que tiene a su cargo.

«Lo dicho por el responsable configura para el Estado un perjuicio patrimonial recurrente, dado que la sola configuración de mora por razones meramente administrativas y que se encuentran dentro de las funciones del área interviniente, ya se ha advertido en ejercicios anteriores», dice en su presentación judicial la dra Gribaudo.

Cheques anulados y posteriormente cobrados

Del relevamiento efectuado con el Libro Banco correspondiente a la cuenta Fondo de Terceros, «se visualizan cheques que han sido registrados como anulados y según el listado de movimiento de la cuenta se procedió a su cobro, y, asimismo, se observa que hubo cheques emitidos y debitados, pero no se ha procedido a su registración», dice el informe.

En este punto el responsable admitió en su descargo que «la practica realizada es a los fines de poder abonar comisiones de servicios a los agentes de la institución», y que se debió a la falta de chequeras correspondientes a la cuenta «Fondos Permanentes».

«De lo aseverado por el responsable no se acompaña respaldo documental alguno, no se remite el correspondiente extracto bancario de la Cta. «Fondo de Terceros» periodo 2018, como así tampoco se remite la compensación de los fondos debitados de dicha cuenta para el pago de comisiones», y que además se trata de fondos que no pertenecen al organismo.

Personal afectado a áreas inexistentes dentro del IDUV

La denuncia basada en las observaciones del Tribunal de Cuentas, también cuestiona la afectación de personal del IDUV a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de Rio Gallegos, y la afectación al organismo de una persona de Canal 9, y el pago de anticipos de viáticos a dicho personal.

De acuerdo con lo informado por el área los agentes afectados cumplen funciones en «Prensa y Protocolo», dependencia de la cual no se tiene conocimiento de su creación.

Contrato de monotributistas como precarización laboral

Siguiendo las observaciones del área personal, el TC observó la contratación monotributistas en las localidades de Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia y Río Gallegos, por tiempo determinado, cuyo objeto es el reparto de boletas para el pago de las viviendas.

El monotribustista es un trabajador independiente, pero en los casos analizados, se utiliza la figura de monotribustista «para “encubrir” una relación laboral totalmente precarizada, asumiendo además riesgos al efectuar las mismas para este tipo de trabajos dado que no se realizan aportes al sistema previsional, al de salud y de riegos del trabajo», dice la dra Gribaudo en su denuncia.

Pago de comisiones y viáticos

Aquí se cuestiona que al momento de la inspección del TC no se habían rendido comisiones de servicios del ejercicio 2018, y «se observó la falta de constancia documental que muestre el resultado de las comisiones de servicios».

Prensa, otro área inexistente que cuenta con personal y contrata pauta

Al igual que sucede con el área de Protocolo que no está conformado a pesar de figurar con personal, el IDUV cuenta con un sector de prensa «que no se encuentra formalmente creado en la orgánica del instituto. Sin embargo, existe una oficina en la que prestan servicios agentes, en su mayoría afectados de otros organismos, cuya función es la de canalizar al área administración los trámites relacionados a la publicidad del IDUV«.

Según lo expresado por los agentes que prestan servicios en ese sector, su tarea era la de promocionar las diferentes actividades desarrolladas por el organismo, elaborando el material a distribuir. También era la encargada de mediar con la Subsecretaria de Información Pública y Telecomunicaciones en cuanto a la contratación de los medios en donde se distribuiría la pauta publicitaria, «se observó que las ordenes de publicidad de las contrataciones mencionadas en los informes carecen de parámetros en los que conste el detalle de la pauta, especificando precio por tamaño y ubicación de la misma«.

Con respecto a los proveedores, falta la inscripción en el Registro Único de Proveedores de la provincia y la constancia de registro público de agencias de publicidad y productoras publicitarias según corresponda, vigente en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

«Las ordenes de publicidad no se encuentran intervenidas por la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos en cuanto a los correspondientes sellados», especifica el informe.

En relación con la vigencia de los respectivos contratos, se estipula la renovación automática en los mismos términos, «sin aclarar que la opción puede ejecutarse por única vez, lo cual vulnera el Decreto N° 263/82, art. 56º in fine: …»el total de prórrogas no podrá exceder en ningún caso de un término equivalente al fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato».

Obras públicas observadas por el Tribunal de Cuentas

En cuanto a obras públicas que según surgen de la inspección del Tribunal en 2018 presentaban irregularidades en cuanto a ampliación del monto presupuestado y prórrogas injustificadas.

La Ampliación y Refacción Centro de Salud N° 1 en Rio Gallegos» tuvo un presupuesto inicial de $ 2.660.000,00, pero Finalmente se adjudicó por 3.081.663,35 por haber resultado insuficiente el presupuesto inicial a raíz de una modificación que amplió la superficie a ampliar en 40,5 mts cuadrados.

La obra fue adjudicada a la constructora Magdalón, Raúl Fernando y elplazo de obra fue de 10 meses, con inicio el 4 de abril de 2017 y fecha prevista de finalización, febrero 2018.

«La ejecución de la obra tuvo inconvenientes desde el inicio según consta en los actuados», se lee en el informe del TC.

De acuerdo a lo informado por la inspectora de la obra la contratista ha incumplido permanentemente el pliego licitatorio y las observaciones planteadas por esa inspección.

Los inconvenientes observados en el informe.

«Ausencia durante cuatro meses del jefe de obra, carpinterías no correspondientes a las especificaciones y colocadas en forma indebida, omisión oportunamente de las correcciones y la presentación del cálculo estructural, demora en el avance de la obra, la planilla de cotización carece de algunos ítems, otros son poco claros o sin desglose», detalla la inspección.

Además, informa que la Dirección de Obras (de acuerdo con los dichos de la contratista) ha autorizado la ejecución del hormigonado sin cálculos. En otras notas obrantes en el expediente, la Inspectora resalta la demora en los plazos de obra, el incumplimiento en la entrega de vales de combustibles y del equipo informático requeridos en el pliego, informando además respecto a la falta de elementos de seguridad del personal que presta servicios, del hormigonado no autorizado ni siquiera bajo su costo y su riesgo, y la omisión de la presentación de un plan de trabajos y curva de inversión.

A pesar del incumplimiento, la empresa informa al Organismo que ha determinado suspender el avance de la obra a partir del 6 de julio de 2017 aludiendo una diferencia entre el avance real de la obra y el determinado en el certificado de obra.

Asimismo, manifiesta que se suspenden los trabajos exteriores por razones climáticas por un período de treinta días. Sin perjuicio de los incumplimientos e irregularidades expuestas, el organismo, mediante el dictado de la Resolución IDUV N°475 de fecha 28 de noviembre de 2017, ratifica el Acta de la primera redeterminación de precios a marzo de 2017, estableciendo que el nuevo monto asciende a la suma de pesos tres millones doscientos un mil seiscientos veinte con 57/100 ($ 3.201.620,57).

«A la fecha de la inspección y luego de dieciocho meses de iniciada (cuando el plazo de obra fue actado en 10 meses), la obra no había culminado.
La redeterminación de precios es un instituto instaurado con la finalidad de evitar la paralización de la obra o la disminución del ritmo en la ejecución de ésta, la cual debe ser solicitada por el contratista al momento en que se produzca la variación que establece la norma, y de ser aprobados los 10 nuevos precios, estos solo serán aplicables a la parte faltante de ejecutar de acuerdo con un plan de trabajo predeterminado.

Se observa, sin embargo, que IDUV reliquida, a la fecha del acta de redeterminación, la totalidad de los certificados anteriores siendo que estos ya habian sido abonados y que, además, de acuerdo con lo informado por la inspección, la empresa no ha cumplido con la entrega del plan de trabajos y curva de inversión con la cual determinar los trabajos pendientes de ejecución. La empresa contratista solicita al IDUV con fecha 17 de agosto de 2017, autorización como adicional de obra el reemplazo de 140 mts2 de estructura de techos correspondiente a la parte existente de la obra. Luego, con fecha 10 de abril de 2018, la empresa contratista solicita una readecuación del plazo de obra.

Con fecha 14 de agosto de 2018 el inspector de la obra eleva una extensa nota a la Dirección de Obras en la que detalla tareas faltantes de ejecución.

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